En los últimos
días escucho y leo que el escándalo de la formación profesional para el empleo
(antes ocupacional) va a más en nuestra comunidad. Unos hablan de 17 millones
defraudados, otros de al menos, 581 expedientes con irregularidades y 4000 por
investigar; leo también que “La juez
Alaya acusa a la Junta de haber concedido 950 millones para cursos de formación
sin justificar”… me parece una noticia que rebaja la credibilidad de nuestro
gobierno autonómico y corre serio peligro de crear una desconfianza insalvable
tanto de la propia población, como de otras administraciones.
Hay varios
aspectos que me llaman poderosamente la atención. Después de leer atentamente
varias noticias no me entero de algunos de los puntos más importantes, que
resumo:
ü ¿Qué
porcentaje de expedientes tiene alguna irregularidad? Según Alaya, como decía,
950 millones no están justificados, por lo que deberían devolverse; según el
consejero de educación Luciano Alonso, en comparecencia ante una comisión del
parlamento autonómico, informó que los reintegros definitivos suponen "sólo el 0,7% del
presupuesto destinado en esos años para formación para el empleo” dato
irrelevante totalmente sin saber cuanto queda por inspeccionar, si se ha empezado
por los más sospechosos o ha sido de forma aleatoria, etc. En definitiva me
parece que la práctica totalidad de los grupos políticos, medios de información
y alguna jueza, desinforman sobre este tema, unos por inflar la gravedad de lo
que ocurre en Andalucía, otros por tapar “su” pecadillo.
ü
¿Qué es una irregularidad? Me parece un término
muy ambiguo, que mezclado con la palabra fraude forma un cóctel explosivo. Entiendo,
y creo que lo hace la administración, por irregularidad cualquier partida,
factura o reintegro solicitado de una subvención y no adecuadamente justificado.
Esto quiere decir que se están poniendo al mismo nivel cuatro realidades
totalmente distintas; para entendernos que no es la misma irregularidad:
1.
Una factura con algún defecto de forma (por
ejemplo sin CIF, o sin algún dato, o no legible) o que no ha seguido el
procedimiento marcado en las bases de la subvención.
2.
Una factura que no se considere justificable a
posteriori pero que se haya pagado realmente al proveedor de forma adecuada (el
cristal de una ventana del aula, por ejemplo), donde la máxima responsabilidad
de incluirla es tanto de la entidad de formación, como en la mayoría de los
casos del organismo que debe supervisar el proceso y no lo hace adecuadamente.
3.
Una factura realmente pagada, pero desviada a
otra área de la entidad (los famosos portafolios y materiales de los sindicatos
para los congresos, pagados con los cursos de formación).
4.
Finalmente facturas falsas o infladas
premeditadamente, con un claro afán de lucro personal o de la entidad.
Aquí creo que
es necesario aterrizar al nivel de la experiencia personal. He sido alumno,
formador, técnico en formación y director en el ámbito de la formación para el
empleo, continua y las Escuelas Taller. ¿Qué he visto y oído en estos años? Es
vox populi que hay empresas que han dado el material del curso junto con el
título, sin que dicho curso se hubiera impartido, y por supuesto trabajadores que
lo han firmado y aceptado (y que han competido con otros trabajadores con su
título fraudulento). Esto ha sido más o menos puntual, pero ha sucedido en
formación para el empleo, y ha sido relativamente común en formación continua,
sobre todo por empresas que han florecido al calor de este negocio, más que
posiblemente por tener buenos contactos políticos. A partir de ahí, todo lo que
podamos imaginar; cursos de menos horas de lo estipulado, contrataciones de
docentes que tienen que pagar impuesto revolucionario a entidad…Como alumno he
participado en cursos de los sindicatos mayoritarios, y sin saber si se
desviaron fondos, puedo asegurar que no fueron, ni de lejos, los peor dotados
de medios, docentes, material y equipamientos en los que he estado; mi peor
experiencia ha sido, por el contrario con un curso de una asociación de
empresarios. Desde el otro lado, como profesional, he sufrido el temor
constante a que lo que entiendes justificado (en el mejor de los casos según una
guía de justificación del gasto, generalmente considerada extraoficial por quien te
la proporciona, o como el código del
pirata, del que hablaba Jack Sparrow “más que unas normas concretas, son unas
directrices”), no sea luego
considerado como tal por el técnico en cuestión; que cada compra deba ser
considerada por 3 o cuatro estamentos; la dirección del programa, la dirección
de la entidad, la intervención si se trata de una entidad pública, los técnicos
de la junta (que generalmente te hacen saber, de forma más o menos amable, que
no deben ser llamados para consultar cualquier gasto) … creando una demora de
la actividad formativa que ni docentes (contratados a última hora) ni alumnos
podrán entender. Porque al final, desde el ciudadano, sea alumno o profesional,
lo que se traduce es que lo importante es la justificación del dinero, más que
la formación en sí, vamos, que se hace formación para justificar y no que se
justifica para poder dar buena formación.
Así pues, no
creo que pueda ponerse al mismo nivel una factura de material docente (papel o
bolígrafos) incorrectamente justificada, que subcontratar a una empresa a
precio de oro por un servicio pobre o inexistente, o facturar formación que no
se imparte, o utilizar la misma factura de compra de un equipo en dos o tres
programas, o facturar conceptos que no tienen nada que ver con la formación
impartida, o algunas de las miles de barrabasadas que escuchamos a diario…
Dicho queda, en descargo de las entidades en las que he trabajado, y en las que
nunca he visto afán de lucro.
ü
Para ir terminando, me parece que lo más
llamativo es la actitud de la propia Junta de Andalucía, con su presidenta a la
cabeza. Digno del título de aquella película de los hermanos Cohen “el hombre
que nunca estuvo allí”. Por sus declaraciones, es la más furibunda perseguidora
del fraude, tan tajante o más que la oposición, de hecho parece la jefa de la
oposición en vez del gobierno, pero curiosamente, el mayor fraude, y así lo
entenderá Europa, es no haber dispuesto de mecanismos de información,
controles, supervisión ni inspección, y seguir dando subvenciones a quien no
justificó adecuadamente las del año
anterior, ni el anterior, ni el anterior…. Es decir, el mayor fraude es que la
administración haya hecho dejación de sus funciones. La presidenta lo sabe, y
ha establecido un cortafuegos, cambiando las competencias a la Consejería de
Educación, que ha tenido que hacer frente a la misión de investigar lo que pasó
en Empleo, como decía Serrat “sin saber del oficio y sin vocación”… pero de
eso, no dice nada, nuevamente es la presidenta que nunca estuvo allí, la que nos
quiere convencer de que aterrizó de un lugar lejano y ajeno para sustituir a
Griñán.
ü
Finalmente ¿Y ahora qué? La tormenta no se sabe
si está cerca de amainar o está empezando; la formación para el empleo en nuestra
comunidad lleva paralizada al 99% varios años y las líneas maestras de la del
futuro avanzan novedades que suponen, me temo, profundizar en la senda que se dice pretender abandonar por
el procedimiento de matar moscas a cañonazos:
1.
Para que haya menos fraude me temo que la medida
estrella es que sea menos atractivo defraudar, es decir, que en vez de ganar
dinero (hasta ahora legalmente era posible
indirectamente, mediante la adquisición gracias a los cursos de equipos y
herramientas que sirvan para futuras acciones, la amortización de
instalaciones, etc.) se pierda dinero con la formación; es decir, se exigirá
una cofinanciación mayor de las entidades.
2.
Concurrencia competitiva, que posiblemente se
traduzca en que quien lo haga más barato, más rápido o disponga de antemano de
lo necesario, tenga mayor probabilidad de ver concedida la subvención para el
curso.
3.
Mayor énfasis en que se cumplan los requisitos
en materia de instalaciones y equipos, justificación económica y contratación. Sobre
el papel, perfecto, pero la experiencia me dice que el temor a justificar mal y
el empleo de procedimientos de contratación que exigen de plazos amplios,
redunda en peores condiciones materiales para el desarrollo de la formación.
Nadie entiende que si un banco gana se
quede los beneficios y si pierde haya que pagarle las deudas; pues en la
formación me temo que volverá a ocurrir; eliminados del ámbito de decisión y
ejecución de la formación sindicatos y patronal (en ello está ya el PP), todo
quedará en manos de los ayuntamientos, deudores y en algunos casos sospechosos
de las mismas prácticas, de las ONG´s, que en general no disponen de medios
para impartir la nueva formación que se nos viene con sus nuevas prácticas (anticipar
dinero, cofinanciar, homologar centros sin seguridad de que impartirás el curso…),
y sobre todo de las empresas o pseudo-empresas (fundaciones con ánimo de lucro)
de formación, grandes trasatlánticos de la formación con infraestructuras y
equipamientos amortizados a los que siempre les saldrá a ganar impartir más
formación y que ya colaboran en muchos casos con la Consejería de Educación, tan
responsables al menos como otras entidades de la situación actual y que lo
tendrán ahora a huevo (cambio de nombre o nueva empresa de los mismos dueños
mediante). LA sanidad tiene a los hospitales de Pascual, la formación para el
empleo tendrá pronto sus equivalentes en Andalucía.
En mi opinión, esto redundará
paradójicamente en cursos peor dotados y gestionados. Sólo la asunción de
responsabilidad directa de la Junta de esta competencia durante un periodo de
transición podría mejorar el panorama, pero lo dudo mucho, no creo que después
del escándalo de la formación y lo sucedido con la FAFFE, la presidenta asuma
nada, pues ya no podría decir que esta vez, no estaba allí.
Al tiempo.
Hablando de tiempo, mi propuesta musical de hoy:
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